La represión militar contra los manifestantes que rechazan el golpe de Estado en Myanmar causó una primera víctima mortal, con el fallecimiento de una mujer que fue herida de bala, mientras no ceden las protestas y crece la presión internacional contra la junta.
La víctima, Mya Thwate Thwate Khaing, había recibido un disparo en la cabeza el 9 de febrero, en una manifestación en la ciudad de Naipyidó, la capital administrativa de Myanmar, la antigua Birmania.
Ese día, fuerzas de seguridad dispararon balas de goma contra los manifestantes, de acuerdo con la versión oficial, pero que dejaron al menos dos personas heridas con munición real, según los médicos del hospital al que fueron enviados.
Una de ellas es la joven fallecida este viernes, anunció el hospital, según informó la agencia de noticias AFP.
El golpe de Estado, perpetrado el 1 de febrero, tuvo un fuerte rechazo entre los birmanos que salieron a las calles a exigir el regreso del Gobierno civil de la líder Aung San Suu Kyi, quien desde esa fecha se encuentra en arresto domiciliario.

El golpe de Estado, perpetrado el 1 de febrero, tuvo un fuerte rechazo entre los birmanos que salieron a las calles a exigir el regreso del Gobierno civil de la líder Aung San Suu Kyi”

Las presiones internas y externas se multiplican sobre los militares, que hasta ahora hacen oídos sordos frente a las condenas y sanciones internacionales.
El Reino Unido, antigua potencia colonial, anunció el jueves que sancionaba a tres generales birmanos por "graves violaciones de derechos humanos".
Canadá, por su parte, sancionará a nueve responsables militares birmanos, y acusó a la junta de haber llevado a cabo "una acción sistemática de represión a través de medidas legislativas coercitivas y el uso de la fuerza".
El jefe de la junta, el general Min Aung Hlaing, se ha convertido en un paria internacional tras los atropellos cometidos por el Ejército contra la minoría musulmana rohingyas de Myanmar en 2017.
La semana pasada, el presidente estadounidense, Joe Biden, anunció que Washington bloquearía el acceso de los generales a un fondo de 1.000 millones de dólares en Estados Unidos.

La semana pasada, el presidente estadounidense, Joe Biden, anunció que Washington bloquearía el acceso de los generales a un fondo de 1.000 millones de dólares en Estados Unidos”

Los grupos de defensa de derechos humanos se congratulan por estas iniciativas pero creen que hay que ir más lejos.
Las sanciones "no son suficientes para pedir cuentas a los militares y socavar su fuerza económica" observó Paul Donowitz, de la ONG británica Global Witness.
"Esperamos un anuncio de sanciones de la Unión Europea el lunes", precisó Thinzar Shunlei Yi, uno de los militantes que lanzó una campaña de desobediencia civil tras el golpe.
Pese a la dura represión y la respuesta represiva de la junta militar, prosiguen los llamados a la resistencia, con manifestaciones y huelgas.
El país sufrió cortes de Internet por quinta noche consecutiva, según una organización especializada instalada en Reino Unido, indicando que hubo una reanudación del servicio en horas de la mañana.

Este viernes, centenares de personas volvieron a marchar por las grandes avenidas de Yangón, la mayor ciudad del país, con retratos de Suu Kyi, y exigiendo "libertad para nuestra líder"”

Este viernes, centenares de personas volvieron a marchar por las grandes avenidas de Yangón, la mayor ciudad del país, con retratos de Suu Kyi, y exigiendo "libertad para nuestra líder".
En la remota región de Sagaing, los manifestantes desfilaron en la ciudad de Monywa, con tres dedos de la mano levantados, en signo de rebelión.
La junta sigue deteniendo a aliados de la exjefa de hecho del Gobierno, así como a funcionarios que participan en el movimiento de protesta.
La Asociación de Ayuda a los Presos Políticos (AAPP), con sede en Yangón, denunció más de 520 arrestos desde el golpe.
Los militares justifican su golpe alegando fraude en las elecciones legislativas de noviembre, ganadas masivamente por la Liga Nacional para la Democracia (LND), el partido de Suu Kyi.
La Premio Nobel de la Paz, de 75 años, que fue no vista desde su arresto domiciliario, está acusada por motivos no políticos, como importar ilegalmente talkie-walkies y haber violado "la ley sobre la gestión de catástrofes naturales".
Debe comparecer ante la Justicia el 1 de marzo.