La Policía de Mineápolis (Estados Unidos) ha utilizado los datos de geolocalización de Google para identificar a los manifestantes de las protestas por la muerte de George Floyd, que se iniciaron en mayo del año pasado.

A pesar de que la mayoría de protestas del movimiento Black Lives Matter que surgieron tras la muerte de George Floyd fueron pacíficas, la Policía de Mineápolis, epicentro de las manifestaciones, emitió una orden a Google para que entregara los datos de cuentas de cualquier persona que estuviera "dentro de la región geográfica" donde comenzó la violencia con el asalto a una tienda de AutoZone el 27 de mayo, dos días después de la muerte de George Floyd.

Según informa TechCrunch, estas órdenes de geolocalización se dirigen frecuentemente a Google porque recopila y almacena grandes cantidades de datos de localización de millones de usuarios que tienen activada su ubicación. Las órdenes de geolocalización permiten a la Policía lanzar una red digital de captura y solicitar a las compañías tecnológicas los datos de cualquier persona que estuvo en un área geográfica en un momento determinado.

En la orden de registro se especifica que la policía buscó datos de cuentas anónimas de Google en cualquier teléfono o dispositivo que estuviera cerca de la tienda AutoZone entre las 17:20h y las 17:40h del 27 de mayo.

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TechCrunch ha accedido a esa información mediante la orden de registro que recibió Said Abdullahi, residente de Mineápolis que recibió un email de Google en el que se indicaba que los datos de su cuenta estaban sujetos a la orden y serían entregados a la Policía. Por su parte, Abdullahi defiende que no formó parte de la violencia, sino que se encontraba en la zona grabando las protestas cuando comenzaron los altercados.

Cada vez es más frecuente el uso de las órdenes de geolocalización por parte de la Policía y fuerzas de seguridad estadounidenses para resolver delitos en los que no se conoce al sospechoso. Sin embargo, también son más quienes alertan del peligro de estas prácticas policiales.

En diciembre, la Unión de Libertades Civiles envió una carta junto con otras organizaciones de derechos civiles, laborales y sociales, pidiendo a Google que se opusiera a facilitar los datos de sus usuarios a la policía y alertó de que las órdenes de geolocalización "eluden los controles constitucionales sobre la vigilancia policial".

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